Los Recursos Administrativos en la Universidad de Costa Rica
 
Presentación
I. ¿Qué son los Recursos Administrativos?
II. ¿Quién puede presentar un Recurso?
III. ¿Qué formalidades requieren los Recursos?
IV. ¿Cuáles recursos se pueden interponer?
1. Solicitudes de Adición y Aclaración
2. Recurso de Revocatoria
3. Recurso de Apelación
4. Recursos de Revocatoria con Apelación Subsidiaria
5. Recurso de Reposición o Reconsideración
6. Recurso Extraordinario de Revisión
7. Gestión de Queja
V. ¿Qué efectos produce la interposición de un Recurso?
VI. ¿Cuáles son los plazos para presentar los recursos?
VII. ¿Cuál es el tiempo para resolver los recursos?
VIII. ¿Cómo resolver un Recurso Administrativo?
IX. ¿Pueden los órganos universitarios recurrir como tales?
X. ¿Qué es el agotamiento de la Vía Administrativa?


 
Presentación
La Oficina Jurídica inició en el año 1999, un ambicioso proyecto de publicaciones, como parte de una reconceptualización y ampliación de los servicios que presta a la Comunidad Universitaria.  Producto de ese primer esfuerzo apoyado por la Rectoría, se publicaron tres textos con el propósito de ponerlos a disposición de las autoridades universitarias, funcionarios y estudiantes, para coadyuvar en el eficiente cumplimiento de sus funciones y actividades: "El Compendio de Normativa Universitaria"; "El Derecho de Petición y Pronta Respuesta" y el "Instructivo para conductores sobre el uso de vehículos de la Institución."
Como continuación de dicha labor, nos complace hacer entrega de la segunda serie de la colección de publicaciones que contiene cuatro nuevos textos: "Recopilación de Jurisprudencia Constitucional sobre la Universidad de Costa Rica", "El Compendio de Normativa Universitaria (ampliado, corregido y actualizado)"; "La Garantía Constitucional del Debido Proceso en los Procedimientos Universitarios", y "Los Recursos Administrativos en la Universidad de Costa Rica".
La amplia gama de medios de impugnación que conforman los recursos administrativos, así como el gran volumen de estos, que día a día deben resolver las autoridades universitarias, hacen que ellas deban tener presente, lo más claramente posible, los principios y normas que rigen estas garantías procesales, con el fin de darles el adecuado tratamiento y que el recurrente obtenga una resolución a su gestión lo suficientemente fundamentada, sea esta compartida o no por el interesado.
El ordenamiento jurídico reconoce a todo administrado, usuario o interesado, el derecho de que las autoridades administrativas vuelvan a revisar el asunto y decidan si lo resuelto está ajustado a la normativa, si se encuentra suficientemente motivado o si por el contrario, se trata de una decisión errónea que requiera en su caso ser revocada o modificada.
El ejercicio de estos recursos es un derecho contemplado en las normas jurídicas nacionales e internacionales, que merece la debida atención de las autoridades universitarias, y que no debe ser visto como un medio que entorpece o retarda la acción administrativa.
Gabriel Macaya Trejos
Rector
Rolando Vega Robert
Director Oficina Jurídica

Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio"
7 de noviembre de 2000

I. ¿Qué son los Recursos Administrativos?
Los recursos son medios establecidos dentro de un procedimiento administrativo para impugnar o refutar aquellas resoluciones o decisiones que el interesado considera contrarias a sus derechos o pretensiones.
El Estatuto Orgánico (en adelante EO) indica que,  contra las resoluciones de las autoridades que ejerzan labores de dirección y los organismos de la Universidad de Costa Rica, podrán ejercitarse los recursos contemplados en este cuerpo normativo. (ver artículo 219 EO)
De previo, es necesario señalar que dentro de un procedimiento ordinario los actos contra los cuales se puede interponer un recurso administrativo son: el acto inicial del procedimiento, el que deniega la comparecencia oral o cualquier prueba y el acto final, según art. 345 Ley General de Administración Pública, en adelante  LGAP.
Asimismo, debe tenerse presente que tratándose de los llamados "actos complejos", los recursos pueden interponerse hasta que la conjunción de los actos administrativos haya producido el acto final único recurrible.

 
II. ¿Quién puede presentar un Recurso?
Puede presentar un recurso todo aquel que se encuentre personal y directamente afectado con la resolución, decisión o acto administrativo acordado por una autoridad universitaria.
La Ley General de la Administración Pública en su artículo 275 establece que podrá ser "parte" en el procedimiento administrativo, además de la propia Administración, todo el que tenga interés legítimo o un derecho subjetivo (2) que pueda resultar directamente afectado, lesionado o satisfecho en virtud del acto final.
Esta norma también exige que el interés de la parte debe ser actual, propio, legítimo y podrá ser moral, científico, religioso, económico o de cualquier otra índole.

 
III. ¿Qué formalidades requieren los Recursos?
Los recursos administrativos NO requieren mayores formalidades, porque se aplica el principio de "libertad de las formas". El artículo 348 LGAP establece:
“Los recursos no requieren una redacción ni una pretensión especiales y bastara para su correcta formulación que de su texto se infiera claramente la petición de revisión.”
Es decir, basta un simple escrito estableciendo el recurso de que se trata, el motivo de la inconformidad, las referencias de la resolución recurrida, el nombre y firma de quien lo interpone y el lugar para recibir notificaciones.
Estos requisitos no son tan esenciales, excepto el de la firma, ya que puedan subsanarse posteriormente.
Es importante señalar que en caso de que el interesado no utilice el nombre técnico del recurso, la Administración está obligada a inferir de cuál recurso se trata y proceder a su respectiva tramitación.
En igual sentido, cuando un recurso se  presenta en una dependencia distinta a aquella en que debía ser presentado, pero siempre que se encuentre dentro de la misma institución, el funcionario que recibe el escrito,  debe declararse incompetente y en forma inmediata  trasladarlo a la oficina correspondiente.
Asimismo, debe comunicarle dicho traslado al interesado.
En este sentido, se tiene por interpuesto en tiempo el recurso, aunque se haya presentado en otra dependencia de la misma institución, respetándose siempre los plazos legales y reglamentarios establecidos. (artículos 68 y 292.1 LGAP) (3)

 
IV. ¿Cuáles recursos se pueden interponer?
Los recursos administrativos de carácter ordinario que se pueden ejercitar son: de adición y/o aclaración, revocatoria y apelación, así como los recursos contemplados en la Ley General de la Administración Pública y otras leyes conexas, como los de: reposición o reconsideración, de revisión extraordinaria y de queja. (4)
1.  Solicitudes de Adición y Aclaración
Se trata de gestiones cuyo objetivo es aclarar una resolución que es "oscura" o "confusa", o adicionar una resolución que es " omisa", es decir, aquella que no se resuelven  todos los puntos de la petición. (artículos 219 y 220 EO) El plazo para interponer estas gestiones es de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que se le notifica la resolución al interesado. Esta forma de contar los días es aplicable a todos los recursos administrativos. La autoridad cuenta con un plazo de ocho días naturales para aclarar o adicionar la resolución.
2. Recurso de Revocatoria
Pretende que la misma autoridad que dictó la resolución, reconsidere lo resuelto a la luz de los  argumentos que se le proporcionan (Artículo 221 EO)
El plazo para que la persona inconforme presente este recurso es de cinco días hábiles. La autoridad que recibe el recurso de revocatoria tiene el plazo de ocho días naturales para resolverlo. (Art. 352 punto 1 LGAP)
3. Recurso de Apelación
También se conoce como recurso de alzada.  Es aquel que sirve para que la autoridad superior del órgano o funcionario que dictó la resolución que se impugna, la revise y decida si la confirma (estar de acuerdo con lo resuelto) o la revoca o modifica. (Artículo 221 EO)
El recurso debe presentarse ante la misma autoridad que dictó la resolución que se impugna, dentro del plazo de cinco días hábiles. Esta autoridad tiene el plazo de cinco días hábiles para trasladar el caso a su superior, con el propósito que éste conozca del "recurso de apelación", y deberá acompañar un informe del caso, e incluir "cualquier observación que a su juicio invalide la apelación por cuestiones de tiempo o forma, además de los documentos correspondientes " (artículo 225 EO).  El superior cuenta con un plazo no mayor de veinte días hábiles para resolverlo.
Frente a un acto o resolución dictada por una autoridad universitaria  solamente cabe  un único recurso de apelación (artículo 350 punto 1. LGAP, art. 222 EO).
Es decir,  contra lo resuelto en un recurso de apelación NO existe posibilidad de ejercer otro recurso de apelación. En este caso, se dice que la parte agotó su único recurso de apelación.  Anexo a  este folleto, incluimos cuadro acerca de la tramitación de este recurso.
4. Recursos de Revocatoria con Apelación Subsidiaria
Esta denominación se utiliza cuando se presentan en forma conjunta los recursos de revocatoria y de apelación. En este caso, el órgano que resolvió conoce primero el de revocatoria, y si este no es declarado con lugar, remite la apelación ante el superior jerárquico correspondiente.   (art. 347 LGAP)
Los recursos de revocatoria y de apelación, también pueden interponerse en forma separada. En tal caso, primero debe gestionarse el de revocatoria y si éste no es acogido, luego de la notificación de este rechazo, puede presentarse el de apelación dentro del plazo de cinco días hábiles.
5. Recurso de Reposición o Reconsideración
Cuando el acto emana directamente del superior jerárquico de la institución (en nuestro caso, el Consejo Universitario o Rector en materia laboral), y no tuviere recurso alguno en sede administrativa, se podrá formular el llamado "Recurso de Reposición o Reconsideración", el cual se plantea ante el mismo órgano que dictó el acto o disposición con el objetivo de que lo revoque o modifique. El plazo para presentar
este recurso es de dos meses a partir de la fecha en que se notifique o publique el acto. (artículo 31.3 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en adelante LRJCA).  En este caso, el asunto no debe haber sido resuelto por órganos inferiores.
Este recurso no está previsto en el Estatuto Orgánico, pero sí en la Ley General de la Administración Pública y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Si han transcurrido dos meses desde que se interpuso el recurso de reconsideración y el interesado no ha obtenido respuesta alguna, se entenderá que el recurso ha sido desestimado y el administrado podrá recurrir a la vía judicial, si así lo desea.  De lo anterior se deduce que el término que tiene la Administración para resolver este recurso es de dos meses. (5)
6. Recurso Extraordinario de Revisión(6)
Está contemplado en la Ley General de Administración Pública. Como su nombre lo indica, se utiliza en  situaciones verdaderamente extraordinarias, tipificadas en el artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública. Se plantea contra un acto final que está firme, es  decir, cuando se han agotado todos los plazos para interponer recursos ordinarios ( revocatoria y apelación o reposición), y procede sólo en circunstancias especiales,  dentro de los plazos previstos en la ley; de otra forma este recurso es absolutamente improcedente. Se plantea ante el jerarca de la Institución, en nuestro caso, el Consejo Universitario y el Rector, este último en materia laboral.
7. Gestión de Queja
Pese a que la ley lo llama "recurso de queja", técnicamente no lo es,  y el término se encuentra mal utilizado. En realidad es una gestión que se presenta en cualquier fase del  procedimiento, contra todo defecto de tramitación, particularmente los relacionados con la paralización o infracción de plazos señalados u omisión de trámites, que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.
Esta gestión se formula ante el superior del funcionario u órgano que supuestamente ha cometido la falta. Se debe citar la norma jurídica infringida acompañándose de una copia simple del escrito.
El plazo para resolver esta gestión es de quince días naturales, contados a partir de le formulación de la queja.  De ser acogida esta gestión, dará lugar a una corrección disciplinaria del funcionario infractor.

 
V. ¿Qué efectos produce la interposición de un Recurso?
Cuando un recurso administrativo se interpone en tiempo, éste no detiene o suspende los efectos o consecuencias del acuerdo o disposición tomada, es decir, cuando un acuerdo, disposición o resolución ha sido tomado en términos legales, debe ejecutarse inmediatamente. Sin embargo, en casos excepcionales calificados por la ley como aquellos que puedan causar "perjuicios graves o de imposible o difícil reparación" (artículo 148 LGAP), se permite que la autoridad que resuelve el recurso o su superior jerárquico suspendan la ejecución del acto administrativo. De esta manera, el acto o disposición no se podría aplicar hasta tanto se decidan los recursos, con el evidente favorecimiento del interesado.
En el caso de la Universidad de Costa Rica, por disposición del Consejo Universitario (sesión 2409, artículo 11, del 11 de agosto de 1977) en los asuntos estudiantiles "cuando hay un recurso pendiente (apelación, revisión, etc.) se deben suspender los efectos del acuerdo impugnado", es decir, que en estos casos, la decisión no puede ejecutarse hasta que los recursos no sean resueltos en forma definitiva.
Lo anterior debido a que se estima que los daños que se le pueden causar a los estudiantes son mayores que la afectación del interés público. Por ejemplo, si un estudiante recurre contra un acto que le anuló la matrícula de un curso, se le deberá mantener en el curso matriculado "provisionalmente”, o  en los cursos en que este resulte ser un requisito, con el propósito de que el estudiante no pierda las lecciones impartidas y realice todas las actividades académicas requeridas, hasta tanto se resuelva en forma definitiva el recurso o recursos presentados por él ante las autoridades universitarias correspondientes. (7)

 
VI. ¿Cuáles son los plazos para presentar los recursos?
Salvo casos especialmente calificados regulados por la ley (art. 249 LGAP) los plazos que tienen los interesados para presentar recursos, están concebidos como plazos rígidos e inflexibles, es decir, una vez concluidos provocan la imposibilidad de plantearlos posteriormente, debiendo rechazarse los recursos por extemporáneos. En todos los casos, los plazos por días para la Administración se considerarán naturales (incluye los días hábiles y los no hábiles), y para los administrados  hábiles, salvo disposición expresa en contrario. (artículo 256 LGAP)
Conforme al Estatuto Orgánico, el plazo para interponer los recursos ordinarios (revocatoria y apelación) es de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que se le notifica la decisión al interesado. En las gestiones de adición y aclaración el plazo es de tres días hábiles.
Cada recurso extraordinario tiene un plazo diferente.

 
VII. ¿Cuál es el tiempo para resolver los recursos?
De conformidad con el Estatuto Orgánico (art. 222), el recurso de apelación debe ser conocido y resuelto por el superior, en un plazo no mayor de veinte días hábiles después de recibido oficialmente por el órgano que debe resolver.
En el caso del recurso de revocatoria, no está establecido en el Estatuto Orgánico el plazo para resolverlo, por lo que se aplica en forma supletoria la Ley General de la Administración Pública, normativa que establece un plazo de ocho días naturales. (art.352 LGAP)
El plazo para trasladar la apelación ante el superior inmediato es de cinco días hábiles. (art. 225 EO)
Las solicitudes o peticiones de aclaración o adición, deberán tramitarse dentro del plazo de tres días naturales, por aplicación del artículo 262 inc. a) de  la Ley General de la Administración Pública.
Estos plazos para tramitar o resolver recursos administrativos deben en principio ser observados por las autoridades administrativas. No obstante, la ley permite que en los casos de fuerza mayor (8) o  por cualquier otra razón se fije un nuevo plazo. Para esto al medida,  y  lo comunique al interesado y al superior jerárquico. El nuevo plazo nunca podrá exceder el fijado para resolver o tramitar. (art se requiere que el órgano  justifique. 263 inciso 1. LGAP)
Si el servidor u órgano universitarios retardan injustificadamente el conocimiento o tramitación de los recursos administrativos, pueden ser objeto de sanciones disciplinarias, y deberán asumir frente al administrado y la misma Administración responsabilidades de carácter civil. (artículos 263 inciso 2.), en relación con artículos 199 y siguientes y 358 LGAP). La Ley General de la Administración Pública contempla la gestión de queja, como el mecanismo idóneo para reclamar infracciones a los plazos establecidos.

CUADRO DE PLAZOS EN RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Recurso o gestión Plazo a interponer Plazo para resolver o tramitar
Adición o aclaración 3 días hábiles 3 días naturales
Queja En cualquier fase del procedimiento 15 días naturales
Revocatoria 5 días hábiles 8 días naturales
Apelación 5 días hábiles 5 días hábiles para tramitar al superior y 20 días hábiles para resolver
Revocatoria con apelación en Subsidio 5 días hábiles Se conoce primero la revocatoria, y de ser necesario se tramita la apelación. (V. plazos anteriores)
Reposición o Reconsideración 2 meses 2 meses
Revisión Plazos según causales previstas (Art. 353 y 354 LGAP) 2 meses (9)

 
VIII. ¿Cómo resolver un Recurso Administrativo?
Como lo establece la ley (art. 351 LGAP) cuando se analiza un recurso, se estudiará primero su admisibilidad, es decir, si fue interpuesto por la persona legitimada para hacerlo, y si este se presentó en el plazo establecido al efecto.
Luego de haber evaluado su admisibilidad, la autoridad u órgano universitario que resuelven el recurso, debe motivar adecuadamente su decisión. Es recomendable en este sentido, que se utilice el formato de una "RESOLUCION ADMINISTRATIVA” (se incluye cuadro infra), indicando: a) la FECHA Y OFICIO de la dependencia universitaria, b) una relación de hechos, denominada "RESULTANDOS" (por ejemplo, fecha en que se planteó la pretensión, las gestiones realizadas, etc.), lo que administrativamente se conoce como "ANTECEDENTES", c) una fundamentación fáctica y jurídica lo más amplia y detallada posible, que enmarca los "CONSIDERANDOS" o el motivo propiamente dicho. Aquí se debe hacer referencia a los hechos probados y no probados, a los criterios técnicos solicitados para resolver el caso, y la fundamentación jurídica que respalda la decisión, y, d) finalmente, en el "POR TANTO" se debe indicar claramente si acoge el recurso y en consecuencia se modifica la resolución impugnada, si se acoge parcialmente y en cuáles aspectos, o si por el contrario se rechaza el recurso.
La Ley General de la Administración Pública también permite que para la resolución de un recurso administrativo, se motive al menos "suscintamente" en sus fundamentos (artículo 136 LGAP), indicándose que "la motivación podrá hacer referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia."
Esta recomendación o criterio técnico no exime al órgano de emitir una resolución motivada, mediante la cual expresamente acoge o rechaza la gestión del interesado.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE UNA RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Número de Resolución (Oficio).
Lugar y fecha.
Resultandos: Contienen la relación de hechos (lo que se gestionó).  Antecedentes,
Gestiones y medidas llevadas a cabo durante el procedimiento.
Considerandos: La motivación del acto (relación de hechos probados y no probados y las razones de derecho que fundamentan la adopción del acto).  Debe incluir consultas realizadas.
Por tanto: El resultado final (si se acoge o rechaza el recurso).


 
IX. ¿Pueden los órganos universitarios recurrir como tales?
De acuerdo con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, artículo 10 inciso 5, en concordancia con el artículo 275 de la Ley General de la Administración Pública, los órganos internos de la propia Institución, NO pueden recurrir de las decisiones tomadas por los órganos superiores de ésta.
Se estima que en estos casos, no existe  "un interés propio diferenciado"  por parte de estos órganos,  lo que en Derecho se conoce como falta de legitimación.
Ejemplo de esto es el caso de un estudiante que recurre la nota de un profesor
en un curso. De lo que se resuelva en este caso, el profesor NO puede recurrir en
contra de la decisión tomada por la autoridad superior, aunque se muestre en
desacuerdo. (10)
Igualmente, las autoridades de una Unidad Académica como tales se encuentran imposibilitadas para recurrir contra lo resuelto por una autoridad administrativa superior (Consejo Universitario, Rector o Vicerrector).

 
X. ¿Qué es el agotamiento de la Vía Administrativa?
Es el requisito previo indispensable antes de someter un asunto a conocimiento de los Tribunales de Justicia.  NO SE REQUIERE PARA LA PRESENTACION DE UN RECURSO DE AMPARO.
El agotamiento de la vía administrativa se produce cuando en sede administrativa ( en el ámbito interno) se han interpuesto todos los posibles recursos que tenía el asunto, y el interesado aún no ha quedado satisfecho.
Antes de que el órgano competente dé por agotada la vía administrativa, es necesario que previamente haya consultado al Asesor Jurídico (en nuestro caso la Oficina Jurídica) de la Institución. (art. 356 inc 1 LGAP)
Para apartarse de este dictamen, el Consejo Universitario, el Rector o quien resuelva -según corresponda- deberá indicar las razones por las cuales se separa de la recomendación  legal. (artículo 31 y siguiente LRJCA y artículos 356 y siguientes LGAP)
Es importante tener presente, que si un funcionario u órgano se aparta del dictamen de un órgano consultivo (por ejemplo, el dictamen de la Oficina Jurídica), en el cual se haya manifestado la ilegalidad en forma evidente, y posteriormente se llegare a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen, el servidor público que dictó el acto será personalmente responsable ante terceros. (artículos 199 y 200 LGAP)
Aunque en términos generales en la Universidad de Costa Rica es el Consejo Universitario el órgano encargado de dar por agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 40 inc. m) del Estatuto Orgánico, en relación con los artículos 126 y 350 de la Ley General de la Administración Pública, en materia de sanciones disciplinarias, nombramientos, remociones, traslados, ascensos, despidos o cualquier otro asunto de orden laboral relativo a los funcionarios de la Universidad, corresponde al Rector resolver en última instancia dichos asuntos, al tiempo que declarará agotada la vía administrativa.
En el caso de sanciones disciplinarias a estudiantes, se ha establecido que el órgano llamado a agotar la vía administrativa, es la Asamblea de Escuela o Facultad, pues es a quien le corresponde conocer y resolver el recurso de apelación, interpuesto contra lo resuelto por la Dirección o Decanatura (en facultades no divididas en escuelas) de la Unidad Académica, según corresponda.
En el caso de las calificaciones de estudiantes, el que resuelve en última instancia es la Dirección o Decanatura (en facultades no divididas en escuelas) de la Unidad Académica, por lo que será esta instancia quien agote la vía administrativa.

 
CUADRO DE ORGANOS DE ALZADA (RECURSO DE APELACION)
Artículo 228 Estatuto Orgánico
ORGANO QUE EMITE LA RESOLUCION QUE SE IMPUGNA  ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
Consejo Universitario Asamblea Universitaria, casos de los incisos b, c, d, ll y p del artículo 30 E.O.
Rector Consejo Universitario
Vicerrectores Consejo Universitario
Comisión de Régimen Académico Consejo Universitario
Consejo del Sistema de Educación General Consejo Universitario
Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado Consejo Universitario
Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Investigación Consejo Universitario
Contralor Universitario Consejo Universitario
Jefe Oficina Jurídica Rector
Jefe Oficina de Asuntos Internacionales Rector
Asuntos de naturaleza laboral (clasificación y valoración establecidas por el Reglamento de Carrera Administrativa, y casos de sanciones disciplinarias, nombramientos, remociones, traslados, ascensos, despidos o cualquier otro asunto de orden laboral relativos a funcionarios de la Universidad) Rector, de conformidad con el incisos m y n del artículo 40 E.O.   Se aclara que cuanto el recurso de apelación ha sido conocido por órganos inferiores y a estos corresponde resolverlo, el Rector conocería del asunto solamente cuando la parte interesada solicita agotamiento de la vía administrativa.
Apelaciones cuyo curso no esté especificado Rector, para resolver o para dar curso.
Asambleas de Facultad y Asambleas de Escuela Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia
Consejos Asesores de Facultad Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia
Consejos Asesores de los Institutos de Investigación adscritos a más de una Facultad Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia
Jefes de las Oficinas Administrativas sometidas a la  jurisdicción de una Vicerrectoría Vicerrector respectivo
Decanos de Facultades divididas en Escuelas Consejos Asesores de las Facultades
Consejos Asesores de los Instituos de Investigación adscritos a una sola Facultad Consejos Asesores de las Facultades
Directores de los Institutos de Investigación adscritos a más de una Facultad Consejos Asesores de los Institutos de Investigación
Decanos en Facultades no divididas en Escuelas Asambleas de Facultad
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado
Directores de Escuelas Asambleas de Escuelas
Directores de Sedes Regionales Asambleas de Sedes Regionales
Asamblea de la Escuela de Estudios Generales y de culaquier otro órgano que establezca su reglamento  Consejo del Sistema de Educación General
Directores de Unidades de Investigación adscritos directamente a la Vicerrectoría de Investigación Consejos Asesores o Consejos Científicos de las Unidades de Investigación adscritos directamente a la Vicerrectoría de Investigación

 
Notas
2. Se dice que es un derecho subjetivo: "el inherente a una persona, activa o pasivamente; como titular de un derecho real, como acreedor o deudor en una relación obligatoria" (CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edit Heliasta, Tomo III, 24a. Edición, buenos Aires, 1996, p. 152), por otro lado la noción de interés legítimo se relaciona con una situación concreta en que determinados administratidos, frente a la observancia o no de alguna norma por parte de la Administración "resulte una ventaja o desventaja de modo particular respecto a los demás"; es decir, "que ciertos administrados pueden tener interés cualificado, respecto de la legalidad de determinados actos administrativos" (FERNANDEZ VASQUEZ, Emilio, DICCIONARIO DE DERECHO PUBLICO, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, p.335-336)
3. La Sala Constitucional señaló en el Voto N° 0274-95, lo siguiente:
"Finalmente debe advertirse a la institución recurrida que el hecho de que el administrado presente su solicitud o gestión en una dependencia diferente de aquella a la que compete resolverla no implica la posibilidad de omitir la debida respuesta, sino que debe tenerse en cuenta el principio que sobre ello estatuye la Ley General de la Administración Pública, derivado de sus artículos 68 y 292.1, en el sentido de que existe la obligación para el Estado de dar el debido trámite a la gestión que presente en sus dependencia, incluido el traslado al despacho competente, dentro de los límites ahí establecidos y sin que excuse el retardo en la respuesta la presentación en otra oficina."
4. La adición, aclaración y la queja no son técnicamente "recursos", pues no impugnan propiamente el acto administrativo, sino que tienen distinta finalidad.  Los dos primeros se denominan "remedios procesales" y son mecanismos de subsanación.
5. No obstante, persiste para la Administración la obligación de pronunciarse aún vencido el plazo, por un período de un año. (arts. 37.2 LRJCA y 127 LGAP)
6. No confundir con el Recurso de Revisión, que es un recurso especial que sólo puede ser ejercitado por uno de los miembros de un órgano colegiado, contra una decisión tomada por ese mismo órgano colegiado, antes de la aprobación del acta respectiva, y siempre y cuando no se haya declarado acuerdo firme. (art. 226 EO)
7. La pertinencia de esta medida cautelar -matrícula provisional- dependerá de un análisis previo, tendiente a determinar si el estudiante cumple con los requisitos de admisión al curso y las probabilidades reales de la Universidad, en relación con la disponibildad de cupos.
8. Fuerza Mayor, se trata de un "hecho imprevisible y extraño a la voluntad de los contratantes que los imposibilita, absolutamente, para cumplir las obligaciones contraídas.  Se trata de un acontecimiento exterior que escapa a la actividad de los contratantes, imprevisible e irresistible" (FERNÁNDEZ VAZQUEZ, op.cit.,p. 329)
9. Si bien la LGAP en el art. 355 remite a las disposiciones relativas a los recursos ordinarios, también indica que esto se hace en lo que fueren compatibles. En este sentido, los plazos para resolver o tramitar los recursos ordinarios resultan insuficientes cuando se está ante un recurso extraordinario como es el de revisión.  Encontramos mayores similitudes con el de reposición o reconsideración, de ahí que en una interpretación analógica, razonable y proporcionada, el plazo mínimo a considerar es de dos meses.
10. 10 Es un caso como el arriba indicado,  la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ( sentencia de las 14:35 horas del 23 de setiembre de 1992. Ordinario de M.A.C.H. contra la Universidad de Costa Rica y otras) señaló que la anulación del acto debe suponer un beneficio para el demandante, ya sea eliminación de un acto perjudicial para él o al menos serle de utilidad o provecho, y que la anulación debe ser directa e inmediata sobre la situación jurídica del impugnante, y en relación con el caso concreto debatido en el proceso sostuvo que la modificación de la calificación de un curso dada por el profesor, no entraña un daño a su dignidad profesional o docente, agregando que “ el funcionario público está sujeto por lo general, a mecanismos de control y revisión por parte de sus superiores. Todo el procedimiento administrativo y jurisdiccional se halla estructurado en etapas, las cuales siguen un determinado orden jerárquico. De tal suerte; es normal la modificación de la decisión de un funcionario por parte de sus superiores y ello no produce, necesariamente, daños como los aducidos por la actora.” La Sala concluyó que al anularse el procedimiento por medio del cual se corrigió la nota de la estudiante, la profesora actora en el proceso no percibió beneficio ni directo ni tangible en su esfera de intereses, por lo cual puede concluirse que ésta no posee un interés legítimo ni directo, sino más bien un interés simple; con lo que resulta inadmisible la acción presentada, en virtud de no existir legitimación ad causam activa.